Una operación policial de escala inédita se desplegó en las favelas del Complexo do Alemão y Penha, en Río de Janeiro: participaron aproximadamente 2.500 agentes entre policía civil, militar, helicópteros, vehículos blindados y drones. El objetivo declarado fue neutralizar al grupo criminal Comando Vermelho y recuperar el control territorial.
Los números preliminares revelan una tragedia: al menos 121 personas fallecidas —el conteo más elevado en la historia de la ciudad para un operativo policial— y más de 100 detenidos. Las autoridades identificaron a los primeros 99 cuerpos, de los cuales 78 tenían antecedentes graves; sin embargo, el líder principal del grupo, conocido como “Doca”, logró escapar y ningún mando alto fue capturado.
Durante el operativo se incautaron 90 + rifles, más de media tonelada de drogas, y se registraron enfrentamientos violentos con barricadas, vehículos quemados y disparos desde zonas habitadas. Sin embargo, los resultados concretos en cuanto a desmontaje del mando criminal son escasos: los analistas señalan que la estructura golpeada podrá regenerarse, dada la trayectoria repetida de este tipo de intervenciones.
Los vecinos de los barrios afectados describieron escenas de horror: calles bloqueadas, operaciones prolongadas, cuerpos depositados al aire libre, y civiles atrapados en medio del fuego cruzado. Organismos de derechos humanos emitieron comunicados reclamando investigación sobre posibles ejecuciones sumarias, falta de identificación de los cuerpos y ausencia de transparencia en los procedimientos.
El hecho adquirió dimensión política: mientras el gobernador de Río presentó el operativo como victoria histórica en la lucha contra el crimen, la Defensoría Pública habló de “matanza” y demandó que se esclarezca si quienes murieron fueron todos delincuentes o también civiles atrapados. Fuentes independientes estimaron la cifra de muertos en 132 luego de que muchas víctimas fueran recogidas por familiares en las horas posteriores.
Este episodio reaviva el debate sobre las políticas de seguridad en Brasil: la efectividad de los grandes operativos, que han tenido resultados similares en muertos pero pocos cambios duraderos; la militarización del combate al crimen organizado; la falta de inversión en inteligencia preventiva; y la carga que recae sobre las comunidades más vulnerables.