A tres semanas de las elecciones generales, crece el escándalo que vincula al espacio libertario con el empresario procesado Fred Machado. La nota “Aviones” revela que aviones de Machado fueron fundamentales no sólo en la campaña de José Luis Espert en 2019, sino que siguen siendo piezas clave en la logística oficial del gobierno: uno de ellos será usado para el viaje de Estado a Washington.
Lo más grave no es solo la evidencia acumulada: los vuelos registrados, los pagos, las transferencias sospechosas, los aviones que aparecen una y otra vez en los vínculos entre campaña, empresa y gobierno. Lo verdaderamente alarmante es que Milei sostiene a Espert con firmeza pese a esas pruebas, como si la lealtad política fuera más fuerte que la ética mínima.
La defensa oficial habla de consultoría, de anticipos, dice que algunos fondos son legales y amparados en contratos. Pero ninguno de esos contratos ha sido documentado públicamente de forma clara. No se conoce con certeza el trabajo realizado, ni hay transparencia sobre el origen y destino de los fondos. Tampoco se explican los viajes, los aviones ni los roles reales que desempeñaron.
Además, usar aviones de campaña comprados o administrados para fines oficiales —y viceversa— pone en evidencia otra grieta: ¿para quién gobierna realmente Milei? Si uno de los símbolos del poder libertario es la lucha contra la “casta”, ¿cómo justificar que existan nexos tan estrechos con un empresario investigado por narcotráfico y lavado? No se trata de errores aislados, sino de decisiones políticas consciente, mantenidas a pesar del riesgo reputacional, a pesar del déjà vu constante que la gente ya no quiere soportar.
Este episodio no solo pone en jaque la credibilidad de Espert, sino del propio presidente. Porque en política, el silencio ante la corrupción no es no complicidad: es complicidad. Y los votantes merecen algo más que palabras altisonantes. Merecen explicaciones, pruebas, recuentos públicos y responsabilidad real.