La defensa de José Luis Espert sufrió un golpe contundente: la mina de Guatemala, objeto de su explicación pública como fuente de honorarios por consultoría, resulta ser parte del dominio de Fred Machado, empresario investigado por narcotráfico. Lo que Espert presentó como un adelanto profesional de 200 mil dólares hoy choca con datos de prensa guatemalteca que lo vinculan directamente con una estructura ilícita.
Minas del Pueblo SA —empresa que Espert alegó le pagó por servicios— operaba sin licencia de extracción en Chiquimula y estaba denunciada por fraude fiscal, lavado de dinero y tráfico de aeronaves. Esa misma firma pertenece a Machado, protagonista del escándalo narco que ha salpicado la campaña libertaria. Además, informes revelan que el entramado incluía pistas de aterrizaje y operaciones aéreas vinculadas a carteles regionales, con facturación multimillonaria, muchas veces desde compañías radicadas en Texas. PAGINA12
La explicación de Espert, arropada en su descargo público, afirma que recibió los 200 mil dólares por asesoría profesional. Pero esa narrativa queda desdibujada ante el peso de los vínculos estructurales: reuniones frecuentes entre Espert y Machado, decenas de viajes en aviones del investigado, y una historia que no puede separarse del núcleo del escándalo. Los datos, que antes parecían dispersos, hoy se entrelazan dejando en evidencia lo que muchas voces vienen denunciando.
Este episodio redefine el debate político de fondo: no se trata solo de una acusación más, sino de una grieta ética que atraviesa la identidad del liberalismo que se proclama “alternativo”. ¿Cómo sostener un discurso anticorrupción si quienes lo encabezan resultan involucrados en estructuras ilegales? La credibilidad no se reconstruye con slogans. Y mientras el relato se desmorona, la pregunta persiste: ¿cómo van a responder quienes dijeron venir “a limpiar la política”?