Una denuncia pública encendió las alarmas en la política misionera. Según declaraciones del dirigente Roque Gervasoni, al menos 380 afiliados y candidatos actuales del Partido Agrario y Social (PAyS) estarían cobrando pensiones por invalidez. La cifra —difundida en plena campaña electoral— no solo resulta llamativa por su magnitud, sino también por el trasfondo político que implica: ¿cómo puede ser que decenas de dirigentes activos del mismo espacio reciban un beneficio destinado, en teoría, a personas en situación de vulnerabilidad física real?
La pensión por invalidez es un recurso limitado, pensado para asistir a quienes no pueden insertarse laboralmente debido a discapacidades comprobadas. Que cientos de personas vinculadas a una misma fuerza política figuren como beneficiarias del sistema despierta interrogantes sobre la transparencia, la equidad en el acceso y —sobre todo— sobre el uso político de las herramientas de asistencia social.
El caso no es aislado. Semanas atrás se conoció que el intendente de Colonia Aurora, Carlos “Cali” Goring (también del PAyS), cobraba una pensión por discapacidad, al igual que su esposa y su hija. Y en el pasado, su principal referente, Héctor “Cacho” Bárbaro, fue señalado por haber percibido una pensión por invalidez incluso después de ser electo diputado nacional. Las coincidencias ya no parecen casuales: comienzan a configurar un patrón.
Esta situación plantea una fuerte contradicción entre el discurso del PAyS y su práctica política. El partido suele posicionarse como una fuerza alternativa, cercana al pueblo, crítica de los privilegios y defensora de los sectores postergados. Sin embargo, este entramado de pensiones percibidas por quienes están en actividad —muchos de ellos incluso en funciones públicas— expone una doble moral preocupante.
¿Es posible militar activamente, ejercer un cargo, participar de campañas y a la vez recibir una pensión que presupone inactividad laboral por razones de salud? La incompatibilidad ética y legal debería ser materia de investigación seria. Porque mientras miles de personas con discapacidades reales esperan durante años acceder a una pensión, otros parecen haber tenido el camino allanado... y con aval político.
El problema no se limita al PAyS: también pone bajo la lupa los sistemas de control y auditoría estatal. ¿Qué organismo supervisa la veracidad de los certificados? ¿Se han revisado los expedientes? ¿Hay alguna intervención activa para evitar el uso irregular de estos beneficios?
Lo más grave es que este tipo de maniobras erosiona la confianza social en los sistemas de protección, mancha a quienes verdaderamente necesitan ayuda del Estado y profundiza el descreimiento general hacia la política. Si lo que se construye es una red de clientelismo disfrazada de justicia social, entonces lo que se destruye es la credibilidad de todo el sistema.
En tiempos donde el discurso antipolítica gana terreno, situaciones como esta refuerzan la idea de que nada cambia, que los privilegios se reciclan, y que los discursos “por los de abajo” solo sirven para proteger a los de adentro. Si el PAyS pretende ser una alternativa genuina, tiene la obligación de dar explicaciones, abrir sus padrones y someterse a controles públicos.
Porque si no hay transparencia, no hay proyecto de transformación posible.
Y si hay 380 razones para desconfiar, también hay 380 motivos para exigir justicia.