El escándalo en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acaba de adquirir una dimensión más inquietante y corrosiva para las instituciones: un funcionario de la Oficina Anticorrupción, organismo clave en el control del desvío de fondos públicos, aparece como abogado defensor de Miguel Ángel Calvete, acusado de operar una red de negocios paralelos y manejos ilegales dentro del Estado.
Se trata de Camilo Cordero Fabbri, un coordinador encargado de recibir y derivar denuncias de corrupción dentro de la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, lejos de mantenerse distante de los protagonistas de la causa, forma parte de la defensa de Calvete en procesos penales previos y fue contactado como “abogado de emergencia” cuando se produjo el allanamiento que desató la investigación.
Durante ese operativo, al ingresar a la vivienda de un colaborador del entramado, los agentes encontraron un papel con instrucciones detalladas para afrontar una irrupción judicial, junto con una lista de nombres y teléfonos. Allí figuraba Cordero Fabbri, lo que demuestra que actuaba como recurso legal disponible para los involucrados.
Incluso se presentó en el domicilio allanado para “averiguar qué estaba pasando” antes de retirarse del lugar, un gesto que profundizó las sospechas sobre el rol real que ejerce: ¿defensor o denunciante?
Este hallazgo expone una contradicción institucional de altísimo impacto. Si el mismo funcionario que debería impulsar acciones contra la corrupción está trabajando para quienes son investigados por corrupción, el sistema deja de ser un marco de control y se convierte en un refugio de impunidad.
En este caso, la narrativa libertaria del gobierno de Milei —basada en la promesa de barrer con la política tradicional y acabar con los privilegios— queda enfrentada a una realidad que la desmiente: la estructura estatal continúa permeada por redes de favores, intereses cruzados y protección mutua entre funcionarios y operadores cercanos al poder.
El affaire ANDIS no se reduce a la figura de Calvete. Revela una red de operadores que se mueven con soltura entre cargos públicos, negocios privados y jugosos contratos estatales. Una trama que no distingue entre gestiones pasadas o presentes, porque la lógica de captura del Estado permanece intacta.
El gobierno, que llegó a Casa Rosada empuñando la motosierra como símbolo de ruptura, enfrenta ahora un dilema moral: denunciar esta connivencia como parte de la “vieja política” o asumir que la motosierra no fue usada donde más hacía falta.
El caso invita a una reflexión tan cruda como urgente: cuando quienes deben investigar a los corruptos terminan defendiéndolos en los tribunales, entonces el Estado comienza a proteger a los intereses que debería desbaratar. Y la ciudadanía queda, una vez más, mirando cómo el discurso anticorrupción se diluye en un inexplicable silencio oficial.