Un proyecto presentado por demócratas en el Senado de Estados Unidos propone prohibir que la administración de Donald Trump otorgue ayuda financiera a Argentina durante el mandato de Javier Milei. Bajo el nombre “NoArgentina Bailout Act”, la iniciativa busca impedir que el secretario del Tesoro utilice el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) para operaciones que consideren rescates disfrazados de apoyo.
Sus promotores advierten que estas medidas no apuntan a estabilizar la economía argentina, sino a proteger las apuestas de grandes fondos privados como BlackRock, Fidelity o Pimco. “Es un rescate a los ricos disfrazado de ayuda internacional”, declaró Elizabeth Warren, señalando vínculos financieros entre funcionarios estadounidenses y fondos con inversiones en Argentina.
Lo llamativo es que esa advertencia llega justo cuando el gobierno de Milei ha abierto la puerta a rescates, swaps y ayuda externa para sostener sus reservas debilitadas y calmar mercados volátiles. La contradicción es brutal: él que prometía un país libre de deudas hoy depende del respaldo extranjero para evitar el colapso.
Este fenómeno no es mera curiosidad geopolítica: es un faro que revela quiénes verdaderamente vigilan y condicionan las políticas económicas argentinas. Si los estadounidenses discuten proyectos para vetar ayuda al país, ¿qué margen le queda al gobierno nacional para maniobrar soberanamente?
Mientras tanto, en el país, el costo real lo pagan los sectores más débiles: inflación que devora sueldos, tarifas inalcanzables, servicios recortados. Las elites globales reordenan sus apuestas, los fondos especulan; y el Estado nacional, cada vez más frágil, entrega decisiones que deberían ser locales.
Esta iniciativa demócrata es un llamado: que no crean que los juegos externos son ajenos. Que Argentina no es zona libre para negociados financiados con dólares que nunca llegarán al bolsillo del pueblo.
Quienes hoy celebran respaldo internacional deben responder una pregunta pública: ¿a qué intereses sirven realmente?
Y el pueblo, que paga la factura, debe demandar claridad: no más rescates a escondidas ni ayuda condicionada como chantaje.