Este jueves comienza un juicio histórico: el mayor proceso por corrupción de la Argentina reciente. Cristina Fernández de Kirchner estará en el banquillo junto a más de ochenta imputados por presunta asociación ilícita, cohecho, encubrimiento y otros delitos vinculados al cobro de sobornos en obra pública. Esta causa, conocida como la de los cuadernos, arrastra pruebas documentales, declaraciones de arrepentidos y un entramado de responsabilidades que alcanza lo más alto del poder del kirchnerismo.
Lo grave no es solo la magnitud del escándalo, sino el legado que deja. Durante más de una década, el kirchnerismo consolidó una práctica: adjudicaciones discrecionales, pago de retornos, manejo opaco de contratos, y blindaje político para evitar sanciones reales. La estructura montada generó un mecanismo de poder paralelo al Estado y debilitó los controles públicos. La causa de los cuadernos representa el ajuste de cuentas que varios esperaban, pero también la necesidad de medir el verdadero daño institucional que se produjo.
Y es que mientras la dirigente supuestamente afectada hablaba de “persecución política” y apelaba a la retórica de la víctima, el país pagaba la cuenta: inflación que devora salarios, provisión de servicios que se deteriora, desarrollo regional que se estanca. La corrupción no es un galimatías técnico: es decisión política que roba futuro. Y el kirchnerismo fue protagonista activo de ese ciclo.
La apertura del juicio no garantiza justicia automática. Podrá demorarse años, podrá estar llena de recursos y maniobras. Pero el inicio es simbólico: marca una bisagra entre un poder que creyó estar por encima de la ley y un escenario donde la ley intenta recuperar presencia. Si la Argentina busca dar un salto, este es uno de los escalones que no se puede omitir.