Mientras el país transita una crisis institucional profunda, un capítulo vergonzoso se suma al catálogo de escándalos: el negocio de la reimpresión de boletas. Imprentas locales están “entusiasmadas” por el volumen millonario que representa reimprimir en pocos días los ejemplares electorales para adaptarlos a la renuncia de Espert. Lo que para la democracia es un desastre, para ciertos sectores es un negocio asegurado.
Tal como admiten funcionarios, el Estado deberá hacerse cargo del costo: desde los insumos hasta la logística de producción urgente. El costo político será enorme, pero parece importarle poco a quienes ya ganan con procesos amañados. La reimpresión es un parche legal para tapar una grieta política, pero detrás esconde un mecanismo de transferencia sistemática de recursos públicos al sector privado de la imprenta.
Los efectos van más allá del gasto: este tipo de maniobra trivializa la elección misma. Si la boleta puede cambiarse sobre la marcha, el diseño político puede mutar también. En esa lógica, la voz del votante queda reducida a variables manipulables detrás de bambalinas. Lo que se juega no es solo quién gobierna, sino hasta qué punto aceptamos elecciones con reglas opacas e intervención discrecional.
El peronismo ya prepara un recurso judicial para impedir la reimpresión o para que no caiga todo el costo en el Estado. Pero exigir amparos tras los hechos es como tapar el sol con la mano: lo ético habría sido prevenir, no reaccionar. Y sobre todo, que quienes decían “cambiar todo” hoy permitan este tipo de negociados electorales, muestra la profundidad del deterioro político que atraviesa Argentina.